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Sentencia No. 735 dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dictó la Sentencia No. 735 de fecha 25 de octubre de 2017 [Caso: Mercantil, C.A., Banco Universal vs. Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH)], donde se estableció que se les concederán los privilegios y prerrogativas procesales a las empresas que posean capital participativo del Estado, así como a los municipios como entidades político territoriales locales. La Sentencia No. 735 fue publicada en Gaceta Oficial No. 41.289 del 29 de noviembre de 2017.

 

En la referida Sentencia No. 735, la Sala señaló que el aporte al Fondo de Ahorro Obligatorio de Vivienda (“FAOV”) tiene como objetivo establecer mecanismos para que se garantice el acceso a una vivienda digna a través del ahorro individual de cada aportante y no únicamente el financiamiento de algún ente público. También se dejó sentado el carácter especial de dichos aportes, los cuales se distribuyen en cuentas individuales cuya propiedad no es del ente público que los administra de forma reglada, sino que es de cada uno de los trabajadores beneficiarios del sistema.

 

De igual manera la Sala señaló que los aportes al FAOV han sido previstos como un ahorro, lo que quiere decir que el legislador no puede modificar a futuro dicha característica por operar el principio de progresividad e irrenunciabilidad de los derechos laborales.

 

En ese sentido, la Sala Constitucional destacó que la interpretación efectuada por la Sala Político Administrativa en la cual se intentó adecuar los aportes al FAOV al sistema tributario bajo la concepción de parafiscalidad es errada, por cuanto colide con los principios fundamentales del Estado social que propugna la Constitucional Nacional, razón por la cual, debe revisarse dicho criterio y establecerse que los aportes al FAOV, como parte del régimen prestacional de vivienda y hábitat y del sistema de seguridad social, no se adecuan al concepto de parafiscalidad y por tanto no se rigen bajo el sistema tributario.

 

De lo anterior se desprende, que las controversias en las cuales sea parte el BANAVIH como ente de ahorro se sustanciarán de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y no conforme al Código Orgánico Tributario.

 

Por último, la Sala Constitucional pasó a reiterar los criterios jurisprudenciales establecidos en la Sentencia No. 1681 de fecha 27 de noviembre de 2014 (Caso: PDVSA PETRÓLEO S.A.) y la Sentencia No. 1506 de fecha 26 de noviembre de 2015 (Caso: Jesús Salvador Rendón Carrillo), en lo relativo a las prerrogativas y privilegios procesales de la República, extensibles a las empresas del Estado, visto que el Estado venezolano posee participación (mayoritaria o no) en numerosas empresas y se le debe aplicar en los procesos donde sea parte, todas las prerrogativas legales a que haya lugar, e igualmente dichas prerrogativas y privilegios son extensibles a los municipios y estados como entidades político territoriales locales.

 

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