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Ley de Simplificación de Trámites Administrativos

En la Gaceta Oficial No. 6.149 Extraordinario, de fecha 18 de noviembre de 2014 la Presidencia de la República dictó el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Simplificación de Trámites Administrativos (el “Decreto-Ley”), que posteriormente fue reimpreso y publicado en Gaceta Oficial No. 40.549, de fecha 26 de noviembre de 2014 por fallas en los originales.

 

El objeto de este Decreto-Ley es establecer los principios y bases conforme a los cuales se simplificarán los trámites administrativos que se realicen ante la Administración Pública.  Los sujetos de aplicación del Decreto-Ley son todos los órganos y entes de la Administración Publica Nacional, Estadal y Municipal.  El Decreto-Ley establece el deber para todas las entidades y organismos de la administración pública de simplificar, racionalizar y optimizar los tramites dentro de su competencia siguiendo los lineamientos establecidos en los planes de simplificación de trámites administrativos, las presunciones de buena fe a favor del administrado, la simplificación de los medios probatorios, la manera en que deben prestar servicio los funcionarios de la administración pública con ocasión del cumplimiento de un trámite administrativo y la creación del Sistema Nacional de Trámites Administrativos conformado por el conjunto de políticas públicas, estrategias, órganos y entes, procedimientos, archivos físicos y electrónicos, plataformas tecnológicas y sistemas de tecnología de la información, aplicado a los trámites administrativos.

 

Entre los aspectos más relevantes del Decreto-Ley, se encuentran los siguientes: (i) la autoridad nacional unificada podrá actuar de oficio y proceder a eliminar o suprimir las autorizaciones innecesarias o solicitudes excesivas, mediante providencia de carácter general, previa notificación al organismo; (ii) los órganos y entes de la Administración Pública no podrán exigir copias de cédulas de identidad como requisito para el cumplimiento de una determinada tramitación, salvo en los casos expresamente establecidos en el Decreto-Ley; (iii) la autoridad nacional unificada en materia de trámites administrativos podrá establecer la normativa necesaria para la disponibilidad e intercambio de información entre órganos y entes de la Administración Pública, pudiendo incluso proceder a la centralización de información o bases de datos cuando no afecte la seguridad de la información y los derechos del particular y (iv) los órganos y entes de la Administración Pública podrán crear oficinas en las cuales puedan realizarse simultáneamente los trámites correspondientes a distintos órganos o entes de la Administración, para lo cual se crearán las “Ventanillas Únicas Institucional e Interinstitucional”.

 

Adicionalmente, el Decreto-Ley crea el Instituto Nacional para la Gestión Eficiente de Trámites y Permisos (“INGETYP”), que fungirá como la autoridad nacional en materia de trámites administrativos. Este instituto gozará de personalidad jurídica y patrimonio propio. Dentro de sus competencias y atribuciones están (i) ejecutar y desarrollar la política nacional en materia de trámites administrativos a partir de las líneas estratégicas dictadas por el ejecutivo nacional; (ii) establecer los criterios y procedimientos en materia de simplificación de trámites y permisología; (iii) dictar normas de carácter general y de obligatorio cumplimiento para los órganos y entes de la administración pública; (iv) la eliminación y supresión de requisitos y permisos innecesarios de oficio en aquellos entes u organismos de la administración pública que no se adecuen a este Decreto-Ley, y (v) la formulación de las líneas estratégicas y la coordinación de los órganos y entes de la Administración Pública, específicamente en todo lo relativo al Sistema Nacional de Trámites Administrativos, entre otras.

 

Finalmente, en la Disposición Derogatoria Única establece que se deroga el Decreto No. 6.265 de fecha 22 de julio de 2008, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana No. 5.891 Extraordinario de fecha 31 de julio de 2008, por el cual dicta el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Simplificación de Trámites Administrativos.

 

El Decreto-Ley entró en vigencia a partir el 26 de noviembre de 2014.

 

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"NOTA: ESTA INFORMACIÓN NO DEBE INTERPRETARSE COMO UNA ASESORÍA LEGAL EN  ASUNTO ESPECÍFICO ALGUNO Y SU CONTENIDO TIENE EL FIN DE SERVIR COMO UN AVISO GERENCIAL EN CUANTO A LOS SUCESOS ACTUALES EN  VENEZUELA. CUALQUIER  PREGUNTA LEGAL RELACIONADA CON LA POSIBLE APLICACIÓN DE UNA NUEVA LEGISLACIÓN O  DE UNA LEGISLACIÓN PROPUESTA A UN ASUNTO ESPECÍFICO  DEBE DIRIGIRSE A TRAVIESO EVANS ARRIA RENGEL & PAZ."