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Ley de Registros y del Notariado

En la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 6.156 del 19 de noviembre de 2014 fue publicado el Decreto No. 1.422 de fecha 17 de noviembre de 2014, mediante el cual el Presidente de la República dictó el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Registros y del Notariado (el “Decreto-Ley”), el cual tiene por objeto regular la organización, el funcionamiento, la administración y las competencias de los Registros Principales, Públicos, Mercantiles y de las Notarías Públicas.

 

Entre los cambios más relevantes que este Decreto-Ley contiene con respecto a la Ley del Registro Público y del Notariado, de fecha 4 de mayo de 2006, publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria No. 5.833, del 22 de diciembre de 2006 (la “Ley del Registro Público y del Notariado”), que regulaba anteriormente esta materia, se pueden señalar los siguientes:

 

a) El Servicio Autónomo de Registros y Notarías (“SAREN”) es un servicio desconcentrado con autonomía presupuestaria, administrativa, financiera y de gestión, incorporado a la estructura orgánica que indique el Presidente de la República. Los ingresos del SAREN se establecen en el Decreto-Ley y los mismos deberán orientarse al autofinanciamiento del servicio y serán destinados tanto a los gastos operativos como a los gastos de inversión, sin que ello signifique la posibilidad de realizar gastos extrapresupuestarios.

b) En caso que el Registrador rechace o niegue la inscripción de un documento o acto, el interesado también podrá intentar un Recurso Jerárquico o el Recurso Contencioso Administrativo. Este último deberá interponerse dentro el lapso de seis (6) meses, contados a partir de la notificación del acto administrativo motivado de la negativa registral. En caso que el administrado haya optado por agotar la vía administrativa, este recurso deberá ser interpuesto dentro del lapso de seis (6) meses contados a partir de la notificación del acto que declare sin lugar el Recurso Jerárquico, o a partir de la fecha que opere el silencio administrativo.

c) El SAREN será el encargo de instruir cuáles serán los criterios de razonabilidad relacionados con el objeto social que se aplicarán para rechazar la inscripción de sociedades con capital social insuficiente.

d) Con respecto a los actos inscribibles en el Registro Principal, se eliminaron las interdicciones e inhabilitaciones civiles.

e) Asimismo, se eliminaron también los artículos relacionados con (i) la remisión por parte de los registros civiles municipales al Registro Principal de la información actualizada de los asientos relativos a nacimientos, matrimonios, defunciones, sentencias de divorcios, nulidad del matrimonio, reconocimientos de filiación, emancipaciones, adopciones, actos relativos a la adquisición, modificación o revocatoria de la nacionalidad, sentencia que declare ausencia o presunción de muerte, constancias de no presentaciones y (ii) la responsabilidad que tenían las alcaldías, Fiscales, Tribunales y Consejos de Protección de niños y adolescentes, y demás indicadas por la ley, dentro de su jurisdicción, de informar al Registro Principal los nacimientos, matrimonios, defunciones y todo hecho que afecte el estado civil de las personas.

f) Los Notarios Públicos ya no son competentes, en el ámbito de su circunscripción, para dar fe pública de (i) autorizaciones de administración separada de comunidad conyugal y (ii) autorizaciones de administraciones de bienes de niños, adolescentes o incapaces.

g) Anteriormente, los Notarios Públicos eran competentes también para dar fe pública de la apertura de libros de asambleas de propietarios, actas de juntas de condominios, sociedades y juntas directiva. Ahora, son competentes para dar fe pública de la apertura y sellado de libros de las asociaciones civiles, juntas directivas, actas de asambleas y actas de juntas de condominio.

h) Algunas de las tasas que deberán pagarse ante el SAREN, oficinas de Registros Principales y Públicos, y de las Notarías por la prestación de los servicios establecidos en el Decreto-Ley, fueron elevadas.

i) Asimismo, por la inscripción y aumento del capital social de sociedades mercantiles se cobrará el 1% del capital social.

j) Se sustituyó el “Título VI: Régimen Disciplinario” por el “Título VI: Prevención, Control y Fiscalización de las Operaciones de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo”. El nuevo Título tiene por objeto establecer normas y procedimientos continuos y permanentes, que deben cumplir los funcionarios adscritos a las oficinas registrales y notariales, como sujetos obligados del SAREN, a fin de evitar que se protocolicen o autentiquen actos o negocios jurídicos orientados a financiar actos terroristas o legitimar capitales provenientes de actividades ilícitas, tipificadas en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. En este sentido, el SAREN tendrá una data actualizada de los usuarios, para determinar fehacientemente su identificación y las actividades económicas a las que se dedican. En el caso de detectarse incumplimiento de las normas y políticas de prevención, control y fiscalización, se aplicaran las sanciones previstas en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y demás leyes vigentes en materia funcionarial y laboral.

 

Las Disposiciones Transitorias del Decreto-Ley establecen lo siguiente: (i) se otorga al Ejecutivo Nacional un lapso de 180 días continuos para la elaboración del reglamento del Decreto-Ley, contados a partir de su entrada en vigencia; (ii) a partir de su entrada en vigencia, el titular órgano del cual depende jerárquicamente el SAREN, mediante resolución, determinara la forma en que progresivamente los Registros y Notarías Públicas han de ser sometidos al proceso de organización, automatización, modernización, funcionamiento, administración y competencias; (iii) hasta tanto se dicte el reglamento, el SAREN establecerá los procedimientos para la recepción, revisión legal, inscripción o anotación y archivo de documentos, digitalización de imágenes y recepción y verificación de pago de tributos y (iv) el SAREN elaborará un código de ética en un lapso de 180 días continuos, contados a partir de su entrada en vigencia.

 

El Decreto-Ley derogó la Ley del Registro Público y del Notariado. En vista que la Ley del Registro Público y del Notariado derogó los artículos 3 y 62 del Reglamento de Notarías Públicas, publicado en Gaceta Oficial No. 36.588 de fecha 24 de noviembre de 1998, el Decreto-Ley establece que el resto del articulado del Reglamento de Notarías Públicas permanece en vigencia y se aplicará en cuanto no contravengan las disposiciones contenidas en el Decreto-Ley.

 

El Decreto-Ley entró en vigencia el 19 de noviembre de 2014, salvo las normas referentes a los tributos aplicados por el SAREN y sus oficinas registrales y notariales (Título V), que entrarán en vigencia en 180 días a partir de su publicación.

 

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"NOTA: ESTA INFORMACIÓN NO DEBE INTERPRETARSE COMO UNA ASESORÍA LEGAL EN  ASUNTO ESPECÍFICO ALGUNO Y SU CONTENIDO TIENE EL FIN DE SERVIR COMO UN AVISO GERENCIAL EN CUANTO A LOS SUCESOS ACTUALES EN  VENEZUELA. CUALQUIER  PREGUNTA LEGAL RELACIONADA CON LA POSIBLE APLICACIÓN DE UNA NUEVA LEGISLACIÓN O  DE UNA LEGISLACIÓN PROPUESTA A UN ASUNTO ESPECÍFICO  DEBE DIRIGIRSE A TRAVIESO EVANS ARRIA RENGEL & PAZ."