Travieso Evans Arria Rengel & Paz

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Ley de Instituciones del Sector Bancario

En la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 6.154 del 19 de noviembre de 2014 fue publicado el Decreto No. 1.402 de fecha 13 de noviembre de 2014, mediante el cual el Presidente de la República dictó el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario (el “Decreto-Ley”), que establece el marco legal para la constitución, funcionamiento, supervisión, inspección, control, regulación, vigilancia y sanción de las instituciones que operan en el sector bancario venezolano, sean éstas públicas, privadas o de cualquier otra forma de organización permitida por el Decreto-Ley.

 

Entre los cambios más relevantes que el Decreto-Ley contiene con respecto a la Ley que regulaba anteriormente esta materia, se pueden señalar los siguientes:

 

a) Se aprecia una tendencia a reducir el rol que anteriormente tenía el Órgano Superior del Sistema Financiero Nacional.

b) La nueva ley retoma una previsión de antiguas leyes que regulaban la misma materia, acerca del otorgamiento de créditos o realización de inversiones con fondos propios por parte de las personas naturales o jurídicas, señalando que ellos no formarán parte del sector bancario, sin perjuicio de las facultades de fiscalización y control de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (“SUDEBAN”), y tampoco necesitarán autorización alguna para realizar dicha actividad.

c) Se incorpora como institución bancaria especializada además de los bancos microfinancieros, los bancos de desarrollo que tendrán por objeto principal fomentar, financiar y promover los proyectos de desarrollo industrial y social del país, así como actividades económicas y sociales para sectores productivos específicos.

d) Ahora, forman parte del sector bancario las personas naturales o jurídicas que presten servicios financieros o servicios auxiliares a las instituciones del sector bancario, entendiéndose por éstas: las compañías emisoras o administradoras de tarjetas de crédito, débito, prepagadas y demás tarjetas de financiamiento o pago electrónico.

e) Las Juntas Directivas o los órganos equivalentes que esté a cargo de la administración de las instituciones bancarias, deben estar integradas por no menos de siete (7) directores principales y sus respectivos suplentes, de los cuales un tercio (1/3), tanto de los principales como de los suplentes, no podrán ser accionistas de la institución bancaria, directa o indirectamente.

f) Las instituciones del sector bancario ahora deben comunicar a la SUDEBAN, previamente a su designación, aquellas personas a ser postuladas para desempeñarse como directores, presidentes, representante legal, consejeros, tesoreros o cargos similares.

g) No puede ser accionista de una institución bancaria aquella persona natural o jurídica que posea en otra institución del Sistema Financiero Nacional una participación igual o superior del veinte por ciento (20%) (la ley derogada establecía un porcentaje del cinco por ciento (5%).

h) Se prohíbe la conformación de grupos financieros, entendidos como el conjunto de bancos, instituciones no bancarias, instituciones financieras y demás empresas que constituyan una unidad de decisión o gestión, de acuerdo con los criterios de vinculación previstos en el Decreto-Ley. Asimismo, las Juntas Directivas de las instituciones del sector bancario, deberán consignar ante la SUDEBAN una declaración semestral donde se informe la participación del banco y sus accionistas en el capital social de otros bancos y de instituciones no bancarias, a fin de verificar si existen o no grupos financieros.

i) Se permite aumentar el capital proveniente de operaciones crediticias, efectuadas con efectivo provenientes de financiamientos internacionales, los cuales no podrán estar garantizados con acciones del banco de que se trate, previamente autorizadas por la SUDEBAN.

j) El crédito al consumo fue aumentado hasta por 15.500 Unidades Tributarias (“U.T.”) (la ley derogada establecía un límite hasta por 7.500 UT).

k) Dado que el Decreto-Ley considera como crédito al arrendamiento financiero, el mismo también incorpora su definición (la cual aparecía en anteriores leyes de bancos).

l) Se establecen los criterios de vinculación para que la SUDEBAN pueda determinar si existe unidad de decisión o gestión, cuando una institución del sector bancario tiene respecto de otras sociedades o empresas, o cuando personas naturales o jurídicas tienen respecto del mismo. Dichos criterios de vinculación son: (a) participación directa o indirecta igual o superior al cincuenta por ciento (50%) del capital; (b) control igual o superior a la tercera parte (1/3) de los votos de los órganos de dirección o administración, ya sea mediante cláusulas estatutarias o contractuales, o cualquier otra modalidad. También podrán ser consideras personas vinculadas o relacionadas, cuando éstas tengan entre sí vinculación financiera organizativa o jurídica.

m) Se permite la apertura de cuentas, operaciones de créditos al consumo, créditos de vehículo y créditos hipotecarios para vivienda principal, a los accionistas y demás personas que integren la administración o dirección de la institución bancaria, consejeros, asesores, consultores, auditores internos y externos, gerentes de área, secretarios de la Junta Directiva o cargos similares, así como para empleados de la institución y de la SUDEBAN.

n) Se retoma el criterio de que para el otorgamiento de créditos se requiere la presentación del balance general o estado de ingresos o egresos en el caso de personas naturales; y estados financieros auditados por contadores públicos independientes en el caso de personas jurídicas, cuando el crédito solicitado exceda de un monto equivalente a 4.000 U.T. (la ley derogada había omitido este requisito).

o) Se le confiere a la SUDEBAN la atribución de dictar normas prudenciales en materia de prevención y control de operaciones relacionadas con el delito de legitimación de capitales y el financiamiento del terrorismo.

p) Se establece sanción de ocho (8) a doce (12) años de prisión a las personas que practiquen la intermediación financiera, crediticia, cambiaria, capten recurso del publico de manera habitual o realicen cualquier actividad expresamente reservadas a las instituciones del sector bancario sin autorización.

 

Las Disposiciones Transitorias del Decreto-Ley establecen lo siguiente: (i) las instituciones del sector bancario autorizadas por la SUDEBAN, someterán a su consideración un plan para ajustarse al Decreto-Ley, de ser el caso, el cual deberá ser presentado dentro de los 30 días continuos a partir de la publicación del Decreto-Ley en Gaceta Oficial; (ii) aquellas instituciones que para la entrada en vigencia del Decreto-Ley, se encuentren en proceso de cesión de carteras de créditos por medidas de auxilio o asistencia financiera, intervención o liquidación, dispondrán de 180 días para culminar el proceso de traslado; (iii) las disposiciones contenidas en el Decreto-Ley serán aplicables a las instituciones bancarias y sus personas jurídicas vinculadas, que para la entrada en vigencia del mismo, no hayan culminado sus correspondientes procesos de liquidación administrativa.

 

Las Disposiciones Finales del Decreto-Ley establecen lo siguiente: (i) las instituciones financieras del poder comunal y popular constituidas bajo la legislación que regule dicha materia, estarán exceptuadas de la aplicación de las previsiones del Decreto-Ley; (ii) el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (“BANAVIH”) estará bajo la supervisión, inspección, control, regulación y vigilancia de la SUDEBAN.

 

Se derogan: (i) las disposiciones de la Ley de Fideicomisos, publicada en Gaceta Oficial Extraordinaria No. 496, de fecha 17 de agosto de 1956; (ii) todas las disposiciones de rango legal y sub-legal que coliden con el Decreto-Ley; (iii) el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley de las Instituciones del Sector Bancario, publicada en Gaceta Oficial No. 39.627 del 2 de marzo de 2011; y, (iii) para el ejercicio de la facultad supervisora y sancionatoria de la SUDEBAN, se deroga parcialmente el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, publicado en Gaceta Oficial No. 39.945 del 15 de junio de 2012, en lo relativo al último aparte del artículo 9, numerales 8 y 23 del artículo 12, numeral 8 del artículo 16, el artículo 88 y 90 en lo que se refiere al control, inspección, supervisión y potestad sancionatoria de la aplicación contenida en la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat en lo que se refiere al cumplimiento de las instituciones bancarias de la cartera dirigida hipotecaria.

 

El Decreto-Ley entró en vigencia el 19 de noviembre de 2014.

 

Para tener acceso al Decreto-Ley, haga clic aquí.

 

"NOTA: ESTA INFORMACIÓN NO DEBE INTERPRETARSE COMO UNA ASESORÍA LEGAL EN  ASUNTO ESPECÍFICO ALGUNO Y SU CONTENIDO TIENE EL FIN DE SERVIR COMO UN AVISO GERENCIAL EN CUANTO A LOS SUCESOS ACTUALES EN  VENEZUELA. CUALQUIER  PREGUNTA LEGAL RELACIONADA CON LA POSIBLE APLICACIÓN DE UNA NUEVA LEGISLACIÓN O  DE UNA LEGISLACIÓN PROPUESTA A UN ASUNTO ESPECÍFICO  DEBE DIRIGIRSE A TRAVIESO EVANS ARRIA RENGEL & PAZ."