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Ley de Infogobierno

En la Gaceta Oficial No. 40.274 de fecha 17 de octubre de 2013, se publicó la Ley de Infogobierno, mediante la cual se establecen los principios, bases y lineamientos que rigen el uso de las tecnologías de información en el Poder Público y el Poder Popular, para mejorar la gestión pública y los servicios que se prestan a las personas. Igualmente,   establece los aportes que deben realizar las personas jurídicas en ella señaladas. Los aspectos más relevantes de esta Ley son los siguientes:

Están sometidos a la aplicación de la Ley los órganos y entes que ejercen el Poder Público Nacional, Estadal, Municipal, también los que lo ejercen en los distritos metropolitanos, en las dependencias federales, los institutos públicos nacionales, estadales, de los distritos metropolitanos y municipales, el Banco Central de Venezuela, las universidades públicas, las demás personas de derecho público, las organizaciones y expresiones organizativas del Poder Popular, las sociedades de cualquier naturaleza, fundaciones, empresas, asociaciones civiles, personas naturales o jurídicas y las demás que establezca la ley.

Señala la Ley que el Poder Público, en el ejercicio de sus competencias, debe utilizar las tecnologías de información en su gestión interna, en las relaciones que mantengan entre órganos y entes del Estado que lo conforman, en sus relaciones con las personas y con el Poder Popular.

Se crea el Consejo Nacional para el Uso de las Tecnologías de Información en el Poder Público. También se crea la Comisión Nacional de las Tecnologías de Información.

La Ley establece que todas las personas jurídicas cuyo objeto sea la importación, distribución y comercialización de software privativo al Poder Público pagarán a la Comisión Nacional de Tecnologías de Información el dos y medio por ciento (2,5%) de la utilidad neta del ejercicio. Igualmente, toda persona que preste servicios de software privativos al Poder Público pagará una contribución del uno y medio por ciento (1,5%) de la utilidad neta del ejercicio. Estos montos deberán cancelarse dentro de los noventa (90) días siguientes al cierre del ejercicio fiscal y serán deducidos del pago del Impuesto Sobre la Renta.

Establece también la Ley que el órgano o ente del Poder Público y el Poder Popular que sea autorizado a adquirir, usar y actualizar un software privativo debe pagar una contribución especial al Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación entre el cinco por ciento (5%) y el diez por ciento (10%) del valor de la adquisición del software privativo, dentro del ejercicio fiscal correspondiente a la adquisición del programa. Igualmente, el órgano o ente del Poder Público y el Poder Popular deben pagar una contribución especial al Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación entre el cinco por ciento (5%) y el diez por ciento (10%) del valor correspondiente a los gastos asociados al soporte y uso del software privativo. Estas contribuciones deberán efectuarse hasta que sea sustituido el software privativo por un software libre y con estándares abiertos.

Se deroga el Decreto No. 3.390 de fecha 23 de diciembre de 2004, publicado en la Gaceta Oficial No. 38.095 de fecha 28 de diciembre de 2004. Se deroga el Capítulo I del Título III y el Título V del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre Acceso e Intercambio Electrónico de Datos, Información y Documentos entre los Órganos y Entes del Estado, publicado en la Gaceta Oficial No. 39.945 del 15 de junio de 2012.

La presente Ley entrará en vigencia una vez transcurridos diez (10) meses a partir de su publicación en Gaceta Oficial.

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"NOTA: ESTA INFORMACIÓN NO DEBE INTERPRETARSE COMO UNA ASESORÍA LEGAL EN  ASUNTO ESPECÍFICO ALGUNO Y SU CONTENIDO TIENE EL FIN DE SERVIR COMO UN AVISO GERENCIAL EN CUANTO A LOS SUCESOS ACTUALES EN  VENEZUELA. CUALQUIER  PREGUNTA LEGAL RELACIONADA CON LA POSIBLE APLICACIÓN DE UNA NUEVA LEGISLACIÓN O  DE UNA LEGISLACIÓN PROPUESTA A UN ASUNTO ESPECÍFICO  DEBE DIRIGIRSE A TRAVIESO EVANS ARRIA RENGEL & PAZ."