Travieso Evans Arria Rengel & Paz

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Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica

En la Gaceta Oficial No. 6.356 Extraordinario  de fecha 9 de enero de  2018, se publicó el Decreto No. 3.239 (el “Decreto”), mediante el cual el Presidente de la República declaró el Estado de Excepción y de Emergencia Económica en todo el territorio nacional.

 

A continuación se indican los puntos más relevantes del Decreto:

 

1. El Presidente de la República dictó el Decreto en ejercicio de su atribución constitucional de declarar los estados de excepción y decretar la restricción de garantías constitucionales.

2. El fin del Decreto es que el Ejecutivo Nacional adopte las medidas urgentes, contundentes, excepcionales y necesarias para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes, servicios, alimentos, medicinas y otros productos esenciales para la vida.

3. Como consecuencia de la declaratoria de Estado de Excepción y de Emergencia Económica podrán ser restringidas las garantías para el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, salvo las indicadas en el artículo 337 constitucional y las señaladas en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Estados de Excepción, cuando se trate de la aplicación de las medidas excepcionales que a continuación se indican:

i.  Establecer las regulaciones excepcionales y transitorias necesarias para garantizar el impulso de los motores agroalimentario, de producción y distribución de los rubros considerados como estratégicos para la satisfacción de necesidades de los habitantes de la República.

ii. Facultar a la Administración Tributaria para reajustar la Unidad Tributaria (U.T.), cuando el órgano competente que autorice  se encuentre inhabilitado legal o judicialmente para hacerlo.

iii. Disponer los recursos provenientes de las economías presupuestarias del ejercicio económico financiero 2017, con el fin de sufragar la inversión que asegure la continuidad de las misiones sociales, el financiamiento de la recuperación de la inversión en infraestructura productiva agrícola e industrial y el abastecimiento oportuno de alimentos, medicinas y otros productos esenciales.

iv. Autorizar erogaciones con cargo al Tesoro Nacional y otras fuentes de financiamiento que no estén previstas en el Presupuesto Anual, para optimizar la atención de la situación excepcional. En cuyo caso, los órganos y entes receptores de los recursos se ajustarán a los correspondientes presupuestos de ingresos.

v. Dictar medidas extraordinarias que permitan a la autoridad monetaria nacional agilizar y garantizar la importación, distribución y disponibilidad oportuna de las monedas y billetes de curso legal en el país.

vi. Dictar medidas que permitan la incorporación al sistema económico nacional de criptoactivos a partir de instrumentos que generen seguridad sobre la base del aprovechamiento nacional de las materias primas, recursos minerales e hidrocarburos de la República y su aplicación productiva en el corto plazo al mejoramiento de las condiciones económicas del país y el desarrollo nacional.

vii. Autorizar de manera excepcional y temporal operaciones de comercialización y distribución de bienes y servicios en las zonas fronterizas, bajo regímenes especiales monetarios, cambiarios, fiscales y de seguridad integral.

viii. Aprobar y suscribir contratos de interés público y sus enmiendas para la obtención de recursos financieros, asesorías técnicas o aprovechamiento de recursos estratégicos para el desarrollo económico del país, sin sometimiento a autorizaciones o aprobaciones de otros Poderes Públicos.

ix. Conformar estructuras organizativas que garanticen al pueblo y al sector productivo público y privado el expedito y justo acceso al sistema cambiario que impulsa el Estado venezolano y dictar regulaciones contundentes, transitorias y excepcionales.

x. Conformar estructuras organizativas y dictar regulaciones transitorias y excepcionales para la realización de los procedimientos que garanticen la oportuna, eficiente y equitativa producción y distribución de alimentos, materias primas, productos e insumos del sector agroproductivo, industrial, agroalimentario, farmacéutico, de higiene personal y aseo del hogar.

xi. Dictar y autorizar operaciones de financiamiento, así como reprogramaciones de los proyectos señalados en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Especial de Endeudamiento Anual para el Ejercicio Económico Financiero 2018, sin sometimiento alguno.

xii. Diseñar y ejecutar planes especiales de seguridad pública que hagan frente a acciones desestabilizadoras que atenten contra la paz de la Nación, la seguridad personal y el resguardo de las instalaciones y bienes públicos y privados.

xiii. Aprobar la formulación presupuestaria del Banco Central de Venezuela (“BCV”) cuando el órgano a quien correspondiere dicha aprobación se encuentre inhabilitado legal o judicialmente para hacerlo.

xiv. Organizar procesos de centralización, control y seguimiento que optimicen el acceso a los programas sociales.

xv. Establecer mecanismos especiales de supervisión, control y seguimiento, de procura, obtención y suministro de la materia prima, producción de los rubros esenciales, fijación de precios, comercialización y distribución de los productos estratégicos necesarios para la agroproducción, alimentación, salud, aseo e higiene personal.

xvi. Activar, potenciar y optimizar el funcionamiento de un Sistema de Determinación de Costos, Rendimiento y Precios Justos, combatiendo el lucro exorbitante en detrimento del acceso a los bienes y servicios fundamentales asociado a los rubros estratégicos que determine el Ejecutivo Nacional.

xvii. Dictar un marco regulatorio, transitorio y excepcional que permita, a través de la banca pública y privada, el financiamiento de proyectos del sector agroindustrial para el desarrollo de un nuevo esquema productivo, bajo las líneas de acción emanadas de la Gran Misión Abastecimiento Soberano.

xviii. Implementar políticas integrales que garanticen la evaluación, seguimiento, control, protección y resguardo de los productos, bienes y servicios del sistema agroindustrial nacional, así como el de producción, almacenamiento, distribución y comercialización de alimentos, fármacos, productos de higiene personal, aseo del hogar y del sistema eléctrico nacional.

xix. Generar mecanismos de cooperación entre los entes públicos, privados y del Poder Popular, en función de ampliar los canales de distribución oportuna de alimentos y fármacos, priorizando la atención de niños, adolescentes y adultos mayores e incorporando las instancias del gobierno local y regional.

xx. Dictar normas regulatorias que permitan la implementación inmediata de medidas productivas de agricultura urbana en los espacios públicos o privados ubicados en los centros urbanos que se encuentren libres, ociosos, subutilizados o abandonados, para que sean aprovechados para el cultivo y producción de alimentos.

xxi. Establecer rubros prioritarios para las compras del Estado o categorías de éstos, y la asignación directa de divisas para su adquisición, en aras de satisfacer las necesidades más urgentes de la población y la reactivación del aparato productivo nacional.

xxii. Aprobar el redireccionamiento de recursos disponibles en Fondos Especiales, para el financiamiento de actividades de urgente realización en el marco de la recuperación económica y la garantía de derechos fundamentales de la población.

xxiii. Decidir la suspensión temporal y excepcional de la ejecución de sanciones de carácter político contra las máximas autoridades del Poder Público y otros altos funcionarios, cuando dichas sanciones puedan obstaculizar la continuidad de la implementación de medidas económicas para la urgente reactivación de la economía nacional, el abastecimiento de bienes y servicios esenciales para el pueblo venezolano o vulnerar la seguridad de la nación.

xxiv. Dictar los lineamientos que correspondan en materia de procura nacional o internacional de bienes o suministros esenciales para garantizar la salud, la alimentación y el sostenimiento de servicios públicos esenciales, tales como servicios domiciliarios, de salud, educación y seguridad ciudadana en todo el territorio nacional, en el marco de acuerdos comerciales o de cooperación que favorezcan a la República, mediante la aplicación excepcional de mecanismos expeditos de selección de contratistas y su ulterior contratación, que garanticen además la racionalidad y transparencia de tales contrataciones.

xxv. La planificación, coordinación y ejecución de la procura nacional e internacional urgente de bienes o suministros esenciales para garantizar el normal desenvolvimiento del Sistema Eléctrico Nacional.

4. El Decreto dispone que el Presidente de la República podrá dictar otras medidas de orden social, económico, político y jurídico que estime convenientes a las circunstancias, con la finalidad de resolver la situación extraordinaria y excepcional que constituye el objeto del Decreto.

5. El Ministerio con competencia en materia de economía y finanzas podrá efectuar las coordinaciones con el BCV a los fines de establecer límites máximos de ingreso o egreso de moneda venezolana de curso legal en efectivo, así como restricciones a determinadas operaciones y transacciones comerciales o financieras, con el objeto de fomentar el uso de medios electrónicos autorizados en el país.

6. Corresponde al Poder Judicial y al Ministerio Público realizar las actividades propias de su competencia, a fin de garantizar la aplicación estricta de la Constitución y la Ley para reforzar la lucha contra el delito e incrementar la celeridad procesal, así como las atribuciones que le correspondan en la ejecución del Decreto.

7. El Decreto será remitido a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, dentro de los ocho (8) días siguientes a su publicación en la Gaceta Oficial, con el fin que se pronuncie sobre su constitucionalidad.

8. El Decreto tendrá una vigencia de sesenta (60) días contados a partir del 9 de enero de 2018,  prorrogables por sesenta (60) días más.

 

El Decreto entrará en vigencia a partir del 9 de enero de 2018.

 

Para tener acceso al Decreto, haga clic aquí.

 

 

"NOTA: ESTA INFORMACIÓN NO DEBE INTERPRETARSE COMO UNA ASESORÍA LEGAL EN  ASUNTO ESPECÍFICO ALGUNO Y SU CONTENIDO TIENE EL FIN DE SERVIR COMO UN AVISO GERENCIAL EN CUANTO A LOS SUCESOS ACTUALES EN  VENEZUELA. CUALQUIER  PREGUNTA LEGAL RELACIONADA CON LA POSIBLE APLICACIÓN DE UNA NUEVA LEGISLACIÓN O  DE UNA LEGISLACIÓN PROPUESTA A UN ASUNTO ESPECÍFICO  DEBE DIRIGIRSE A TRAVIESO EVANS ARRIA RENGEL & PAZ."