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Decreto de Estado de Excepción y de Emergencia Económica

En la Gaceta Oficial No. 6.227 Extraordinario de fecha 13 de mayo de 2016, se publicó el Decreto No. 2.323, de igual fecha, mediante el cual el Presidente de la República declaró el Estado de Excepción y de Emergencia Económica en todo el territorio nacional (el “Decreto”) por un lapso de sesenta (60) días contados a partir de su publicación en la Gaceta Oficial.

 

Entre los aspectos más relevantes del Decreto se pueden mencionar los siguientes:

 

1.- El Presidente de la República dictó el Decreto en ejercicio de su atribución constitucional de decretar los estados de excepción y restringir temporalmente las garantías constitucionales.

 

2.- El fin del Decreto es que el Ejecutivo Nacional adopte las medidas oportunas excepcionales y extraordinarias, para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes y servicios fundamentales, e igualmente disminuir los efectos de las circunstancias de orden natural que han afectado la generación eléctrica, el acceso a los alimentos y otros productos esenciales para la vida.

 

3.- El Ejecutivo Nacional podrá dictar las medidas que considere convenientes, particularmente relacionadas con los siguientes aspectos:

 

(i). La adopción de medidas necesarias para que el sector público asegure el apoyo del sector productivo privado en la producción, comercialización y sana distribución de insumos y bienes que permitan satisfacer las necesidades de la población y el combate de conductas económicas distorsivas como “el bachaqueo”, el acaparamiento, la usura, el boicot, la alteración fraudulenta de precios, el contrabando de extracción y otros ilícitos.

 

(ii). El diseño e implementación de mecanismos excepcionales para el suministro de insumos, maquinaria, semillas, créditos y todo lo relacionado para el desarrollo agrícola y ganadero nacional.

 

(iii). La garantía, incluso mediante la intervención de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (“FANB”) y los órganos de seguridad ciudadana, con la participación de los Comités Locales de Abastecimiento y Distribución (“CLAP”), de la correcta distribución y comercialización de alimentos y productos de primera necesidad.

 

(iv). La aprobación y suscripción por parte del Ejecutivo Nacional de contratos de interés público para la obtención de recursos financieros, asesorías técnicas o aprovechamiento de recursos estratégicos para el desarrollo económico del país, sin sometimiento a autorizaciones o aprobaciones de otros Poderes Públicos.

 

(v). El establecimiento de rubros prioritarios para las compras del Estado, o categorías de éstos, y la asignación directa de divisas para su adquisición.

 

(vi). Decidir la suspensión temporal y excepcional de la ejecución de sanciones de carácter político contra las máximas autoridades del Poder Público y otros altos funcionarios.

 

(vii). El establecimiento de políticas de evaluación, seguimiento y control de la producción, distribución y comercialización de productos de primera necesidad.

 

(viii). Atribuir funciones de vigilancia y organización a los CLAP, a los Conejos Comunales y demás organizaciones del Poder Popular, conjuntamente con las FANB, y los diferentes cuerpos policiales, para mantener el orden público y garantizar la seguridad y soberanía en el país.

 

(ix). La autorización a los Ministros competentes para dictar medidas que garanticen la venta de los productos regulados según cronogramas de oportunidad que respondan a las particulares características de la zona o región, prevaleciendo el interés en el acceso a los bienes con el debido control y supervisión, con el fin de lograr que los artículos de primera necesidad lleguen a toda la población, mediante una justa distribución de productos que desestimule el acaparamiento y reventa de éstos.

 

(x). La planificación, coordinación y ejecución de la procura nacional e internacional urgente de bienes o suministros esenciales para garantizar la salud, la alimentación y el sostenimiento de servicios básicos en todo el territorio nacional, en el marco de acuerdos comerciales o de cooperación que favorezcan a la República, mediante la aplicación excepcional de mecanismos de contratación expeditos.

 

(xi). La implementación de las medidas necesarias para contrarrestar los efectos de los fenómenos climáticos, tales como el ajuste de la jornada laboral, tanto en el sector público como en el privado, entre otras.

 

(xii). Dictar medidas de protección de zonas boscosas, cuya vigilancia estará a cargo de la FANB.

 

(xiii). Dictar medidas y ejecutar planes especiales de seguridad pública que garanticen el sostenimiento del orden público ante acciones desestabilizadoras que pretendan irrumpir en la vida interna del país o en las relaciones internacionales y que permitan avances contundentes en la restitución de la paz de la ciudadanía, la seguridad personal y el control de la fuerza pública sobre la conducta delictiva

 

(xiv). La adopción de medidas especiales en el orden de la política exterior.

 

(xv). Instruir al Ministerio de Relaciones Exteriores la auditoría e inspección de convenios firmados por personas naturales o jurídicas nacionales con entidades u organismo extranjeros para la ejecución de proyectos en el país y ordenar la suspensión de los financiamientos relacionados a dichos convenios cuando se presuma su utilización con fines políticos o de desestabilización de la República.

 

4.- El Presidente de la República podrá dictar otras medidas de orden social, ambiental, económico, político y jurídico que estime convenientes, con la finalidad de resolver la situación extraordinaria y excepcional que constituye el objeto del Decreto e impedir la extensión de sus efectos.

 

5.- El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de banca y finanzas podrá efectuar las coordinaciones necesarias con el Banco Central de Venezuela a los fines de establecer límites máximos de ingresos o egreso de moneda venezolana de curso legal en efectivo, así como restricciones a determinadas operaciones y transacciones comerciales o financieras, restringir dichas operaciones al uso de medios electrónicos debidamente autorizados en el país.

 

6.- Se podrá suspender de manera temporal el porte de armas en el territorio nacional. Tal medida no será aplicable al porte de armas orgánicas dentro del ejercicio de sus funciones a los cuerpos de seguridad del Estado y la FANB.

 

7.- Dentro de los ocho (8) días siguientes a su publicación en Gaceta Oficial, el Decreto será remitido a (i) la Asamblea Nacional, a los fines de su consideración y aprobación, y (ii) la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a los fines de que se pronuncie sobre su constitucionalidad, todo conforme a la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción..

 

8.- El Decreto tendrá una duración de sesenta (60) días a partir de su publicación en Gaceta Oficial, prorrogables por sesenta (60) días más.

 

9.- El Decreto entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en Gaceta Oficial.

 

Para tener acceso al Decreto, haga clic aquí.

 

"NOTA: ESTA INFORMACIÓN NO DEBE INTERPRETARSE COMO UNA ASESORÍA LEGAL EN  ASUNTO ESPECÍFICO ALGUNO Y SU CONTENIDO TIENE EL FIN DE SERVIR COMO UN AVISO GERENCIAL EN CUANTO A LOS SUCESOS ACTUALES EN  VENEZUELA. CUALQUIER  PREGUNTA LEGAL RELACIONADA CON LA POSIBLE APLICACIÓN DE UNA NUEVA LEGISLACIÓN O  DE UNA LEGISLACIÓN PROPUESTA A UN ASUNTO ESPECÍFICO  DEBE DIRIGIRSE A TRAVIESO EVANS ARRIA RENGEL & PAZ."