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Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos

En la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 6.150 de fecha 18 de noviembre de 2014, se publicó el Decreto No. 1.403, mediante el cual el Presidente de la República dictó el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos (el “Decreto”), el cual tiene como objeto regular los términos y condiciones en que los organismos con competencia en el régimen de administración de divisas, ejercen las atribuciones que le han sido conferidas; así como los parámetros fundamentales para la participación de los particulares y entes públicos en la adquisición de divisas y los supuestos que constituyen ilícitos e infracciones en esta materia y sus respectivas sanciones.

 

El Decreto incorpora expresamente al Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de finanzas entre las autoridades administrativas del régimen de administración de divisas, el cual actuará en coordinación con la Vicepresidencia del Área Económica del Consejo de Ministros Revolucionarios, para fijarle al Centro Nacional de Comercio Exterior (“CENCOEX”), las prioridades a las cuales debe atender la asignación de divisas, la política de incentivos, y el control sobre los mecanismos administrados por las autoridades competentes del régimen de administración de divisas.

 

El artículo 9 del Decreto ratifica, bajo el título de “Mercados Alternativos de Divisas”, que las personas naturales o jurídicas demandantes de divisas podrán adquirirlas a través de transacciones en moneda extranjera ofertadas por: (1) Personas naturales y jurídicas del sector privado, (2) Petróleos de Venezuela S.A., y (3) Banco Central de Venezuela (“BCV”).

 

Sin embargo, dichas transacciones se realizarán (i) según los términos de los Convenios Cambiarios que se dicten al efecto entre el BCV y el Ejecutivo Nacional; (ii) conforme a las regulaciones que en su desarrollo establezcan los términos, requisitos y condiciones que rigen la participación en dicho mercado, y (iii) conforme a la normativa prudencial que dicte la superintendencia competente en materia bancaria y de valores. En consecuencia, la implementación de mecanismos alternativos de oferta y demanda de divisas, distintos a los que actualmente se encuentran disponibles, requieren de la emisión y publicación de un nuevo Convenio Cambiario.

 

El Decreto mantiene la obligación de declarar la importación y exportación de divisas cuando el monto exceda de US$. 10.000,00, sujeto a las exenciones allí previstas. Igualmente, las exportaciones de bienes y servicios que excedan US$. 10.000,00 deben ser declaradas al BCV, informando las características de cada operación.

 

En el Decreto, además de los ilícitos cambiarios ya existentes como son (i) la adquisición de divisas mediante engaño; (ii) la utilización de las divisas para fines diferentes; (iii) los ilícitos por medios electrónicos financieros o con conocimiento especializado y (iv) la comisión de ilícitos por prestadores de servicios en los órganos y entes públicos, quedaron incorporados como nuevos ilícitos cambiarios (a) la presentación de balances, estados financieros y en general cualquier documento o recaudo de cualquier clase o tipo que resulten falsos o forjados, a efectos de participar o realizar operaciones relacionadas con el régimen cambiario y (b) la promoción o estimulación, directa o indirecta, de la comisión de ilícitos cambiarios previstos en el Decreto.

 

En adición a las infracciones administrativas ya existente, como son (i) el incumplimiento de anunciar procedencia de las divisas y (ii) las faltas de representantes de las personas jurídicas, el Decreto incluye las siguientes infracciones administrativas: (i) el incumplimiento de reintegro; (ii) la obtención de divisas violando las normas y (iii) el incumplimiento de la obligación de suministrar información.  La obtención de divisas violando normas rectoras de los procedimientos dispuestos por las autoridades competentes del régimen de administración de divisas, quedó establecida como una infracción administrativa sancionada con multa y el reintegro de las divisas al BCV.  No obstante, el Decreto establece sanciones penales por el incumplimiento de la obligación de reintegro, únicamente cuando el monto a reintegrar sea superior a US$. 50.000,00, o su equivalente en otra divisa, además de la imposición de multas. La falta de reintegro de sumas menores o iguales a US$. 50.000,00 queda sujeta únicamente a la imposición de sanciones administrativas y multas.

 

Serán suspendidos del Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (“RUSAD”) quienes sean condenados por la comisión de ilícitos cambiarios y quienes sean sancionados por alguna infracción administrativa prevista en el Decreto.

 

El Decreto prevé multas que oscilan entre 200 y 5.000 Unidades Tributarias, en caso de cometer la infracción administrativa correspondiente al incumplimiento de anunciar la procedencia de las divisas.  Las demás infracciones administrativas serán sancionadas con multas que oscilan entre 0,1 y 0,5 Unidades Tributarias –vigente para la fecha de su liquidación– por cada Dólar de los Estados Unidos de América, o su equivalente en otra divisa, del monto correspondiente a la respectiva operación cambiaria.  No obstante, en el caso de faltas de representantes de las personas jurídicas, éstas estarán sujetas a multas del doble del equivalente en Bolívares del monto de la operación cambiaria.

 

El Decreto establece que los ilícitos cambiarios serán penalizados con prisión entre 1 a 7 años, según se establezca en el Decreto, incluyendo multas que oscilan entre 0,1 y 0,5 Unidades Tributarias –vigente para la fecha de su liquidación– por cada Dólar de los Estados Unidos de América, o su equivalente en otra divisa, del monto correspondiente a la respectiva operación cambiaria.

 

El Decreto eleva a 10 años el lapso de prescripción de las infracciones administrativas y sus sanciones. La prescripción comenzará a contarse desde la fecha de la infracción, y para las infracciones continuadas o permanentes, desde el día en que haya cesado la continuación o permanencia del hecho.

 

El Decreto deroga el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen Cambiario y Sus Ilícitos, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 6.126 de fecha 19 de febrero de 2014. Quedan igualmente derogadas todas aquellas disposiciones normativas que contravengan lo establecido en el Decreto.

 

El Decreto entró en vigencia a partir del 1 de diciembre de 2014.

 

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"NOTA: ESTA INFORMACIÓN NO DEBE INTERPRETARSE COMO UNA ASESORÍA LEGAL EN  ASUNTO ESPECÍFICO ALGUNO Y SU CONTENIDO TIENE EL FIN DE SERVIR COMO UN AVISO GERENCIAL EN CUANTO A LOS SUCESOS ACTUALES EN  VENEZUELA. CUALQUIER  PREGUNTA LEGAL RELACIONADA CON LA POSIBLE APLICACIÓN DE UNA NUEVA LEGISLACIÓN O  DE UNA LEGISLACIÓN PROPUESTA A UN ASUNTO ESPECÍFICO  DEBE DIRIGIRSE A TRAVIESO EVANS ARRIA RENGEL & PAZ."