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Ley de Inversiones Extranjeras

En la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 6.152 del 18 de noviembre de 2014 fue publicado el Decreto No. 1.438 de fecha 17 de noviembre de 2014, mediante el cual el Presidente de la República dictó el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Inversiones Extranjeras (el “Decreto-Ley”), el cual tiene por objeto establecer los principios, políticas y procedimientos que regulan al inversionista y las inversiones extranjeras productivas de bienes y servicios en cualquiera de sus categorías.

 

El Decreto-Ley declara de interés público la materia objeto de su regulación. Sus sujetos de aplicación son: (i) Empresas Extranjeras y sus filiales, Subsidiarias o Vinculadas; (ii) Empresas Gran Nacionales; (iii) Empresas Nacionales Privadas, Públicas y Mixtas y (iv) Personas Naturales, Nacionales o Extranjeras residenciadas o no en el país.  El Decreto-Ley establece que las inversiones extranjeras quedarán sometidas a la jurisdicción de los tribunales de la República, y que la República podrá participar y hacer uso de los mecanismos de solución de controversias constituidos en el marco de la integración de América Latina y el Caribe.

 

El Decreto-Ley define como inversión extranjera a la inversión productiva efectuada a través de aportes realizados por los inversionistas extranjeros, conformados por recursos tangibles o intangibles, destinados a formar parte del patrimonio de los sujetos receptores de la inversión en el territorio nacional. Estos aportes pueden ser (i) inversión financiera en divisas y/o cualquier otro medio de cambio o compensación; (ii) bienes de capital físico o tangibles; (iii) bienes inmateriales o intangibles (que serán considerados como inversión extranjera cuando la cesión en propiedad se realice entre empresas que no se encuentren directa o indirectamente vinculadas) y (iv) reinversiones de utilidades. 

 

La transferencia tecnológica es definida por el Decreto-Ley como el suministro desde el exterior, de un conjunto de conocimientos técnicos expresados o no en derechos de propiedad industrial, necesarios para la transformación productiva, la prestación de servicios y la comercialización de bienes, mediante contrato aprobado y registrado que cumpla con los requisitos a ser establecidos en Reglamento. 

 

El órgano rector en materia de inversión extranjera será el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de comercio, y el órgano implementador será el Centro Nacional de Comercio Exterior (“CENCOEX”).  El órgano sancionador será el Ministerio del Poder Popular con competencia en Finanzas (el “Ministerio de Finanzas”). 

 

El valor constitutivo de la inversión extranjera deberá estar representado en activos que se encuentren en el país compuestos por equipos, insumos u otros bienes o activos tangibles requeridos para el inicio de sus operaciones productivas en al menos 75% del monto total de la inversión.  A los fines de obtener el registro de inversión extranjera los aportes deberán estar constituidos, a la tasa de cambio oficial vigente, por un monto mínimo de US$. 1.000.000,00.  Atendiendo a los intereses sectoriales, CENCOEX podrá establecer un monto mínimo para la constitución de la inversión extranjera que no podrá ser inferior al 10% de la cantidad antes indicada.

 

Para la determinación del valor de la inversión se computarán las partidas que constituyen el capital efectivamente pagado en el transcurso del respectivo ejercicio económico de los inversionistas extranjeros. En caso de aportes en divisas, este valor se determinará por medio del Registro de Inversión Extranjera a la tasa de cambio oficial vigente al momento de la operación cambiaria y solo serán contabilizados con la presentación de los comprobantes emitidos por CENCOEX.  La inversión extranjera deberá permanecer en el territorio de Venezuela por un lapso mínimo de 5 años, contados a partir de la fecha en que haya sido otorgado el registro correspondiente.  Una vez cumplido este período y previo pago de los tributos respectivos, los inversionistas podrán realizar remesas al extranjero por concepto de capital invertido, registrado y actualizado.

 

Respecto a la distribución de utilidades netas, el Decreto-Ley señala que las empresas receptoras podrán distribuir y pagar a sus inversionistas extranjeros, en el territorio nacional, y en moneda de curso legal, la totalidad o parte de las utilidades netas obtenidas al cierre de cada ejercicio económico y, en caso de que dichas utilidades netas no sean pagadas, podrán ser direccionadas a una cuenta afectada a la reinversión de la misma empresa que las haya generado.  Los inversionistas extranjeros tendrán derecho a remitir al exterior anualmente y a partir del cierre del primer ejercicio económico, hasta el 80% de las utilidades o dividendos comprobados que provengan de su inversión extranjera registrada y actualizada.  En caso de remisión parcial, la diferencia podrá ser acumulada, a los fines de remisión al extranjero, con las utilidades que obtengan, únicamente en el siguiente ejercicio anual.

 

El Decreto-Ley indica que en el caso de la liquidación de la empresa, se podrá remesar al extranjero hasta el 85% sobre el monto total de la inversión extranjera. En aquellos casos en que la liquidación se produzca a consecuencia de la venta de la empresa a inversionistas nacionales, los inversionistas extranjeros tendrán derecho a remesar al país de origen la inversión registrada, siempre que CENCOEX compruebe el funcionamiento pleno de las operaciones productivas y comerciales de la empresa receptora con permanecía de los bienes y los conocimientos tecnológicos que implicaron la inversión.  En caso de circunstancia económicas extraordinarias, el Ejecutivo Nacional podrá aplicar medidas especiales en relación a la inversión y transferencia tecnología, así como también limitar las remesas al extranjero por concepto de capital invertido y dividendo generados de la inversión extranjera.

 

El Decreto-Ley establece que los criterios procedimiento, requisitos, vigencia y condiciones para la actualización del Registro de Inversión Extranjera y la Calificación de Empresa serán establecidos por reglamento.

 

CENCOEX podrá suspender o revocar los certificados otorgados cuando los sujetos de aplicación de la norma incumplan con las disposiciones establecidas en el Decreto-Ley.  CENCOEX dispone de amplias facultades de fiscalización así como de facultades especiales para dictar medidas preventivas a los sujetos objetos de fiscalización. Los supuestos de hecho para dictar las medidas preventivas serán desarrollados en el reglamento del Decreto-Ley.  El Ministerio de Finanzas podrá establecer sanciones desde 1.000 a 100.000 Unidades Tributarias en caso de incumplimiento del Decreto-Ley, las cuales deberán ser pagadas en un plazo de 15 días hábiles a partir de la notificación.  En caso de reincidencia, la multa será incrementada en un 100%.  No se establecen supuestos de hecho específicos que ameriten la imposición de las multas.

 

Las Disposiciones Transitorias del Decreto-Ley establecen lo siguiente: (i) los órganos rectores concurrentes en materia de inversiones extranjeras deberán adecuar sus respectivas normas y procedimientos en un lapso de 6 meses; (ii) CENCOEX deberá dictar las providencias necesarias en materia de transferencia al exterior para inversionistas extranjeros, en un lapso de 6 meses contados a partir de la publicación del Decreto-Ley en la Gaceta Oficial; (iii) a partir de tal publicación, todo acuerdo marco de inversión o acuerdo comercial internacional que suscriba o renegocie la Republica, se fundamentará en las disposiciones del Decreto–Ley; (iv) se ordena la supresión de la Superintendencia de Inversiones Extranjeras (“SIEX”), y se otorga a la SIEX de manera transitoria el ejercicio de las funciones de unidad administrativa encargada del tratamiento de inversiones extranjeras productivas bajo la dirección y supervisión de CENCOEX y (v) se otorga al Ejecutivo Nacional un lapso de 1 año para la elaboración del reglamento del Decreto-Ley.

 

El Decreto-Ley deroga: (i) el Decreto 1.103 sobre Reglamento Parcial del Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías, publicado en la Gaceta Oficial No. 34.548 de fecha 7 de septiembre de 1990; (ii) el Decreto 2.095 sobre Reglamento del Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías, publicado en la Gaceta Oficial No. 34.930 de fecha 25 de marzo de 1992; (iii) la Resolución del Ministerio de Hacienda No. 2.912, contentiva del régimen para el registro de inversiones realizadas con el producto de la venta de títulos denominados en divisas emitidos por la República, publicado en la Gaceta Oficial No. 35.807 de fecha 29 de septiembre de 1995; (iv) El Decreto No. 356, con fuerza de Ley de Promoción y Protección de Inversiones, publicado en la Gaceta Oficial No. 5.390 de fecha 22 de marzo de 1999; (v) el Decreto 1.867 contentivo del Reglamento de la Ley de Promoción y Protección de Inversiones, publicado en la Gaceta Oficial No. 37.489 de fecha 22 de julio de 2002 y (vi) todas las disposiciones que contravengan su contenido.

 

El Decreto-Ley entró en vigencia el 18 de noviembre de 2014.

 

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"NOTA: ESTA INFORMACIÓN NO DEBE INTERPRETARSE COMO UNA ASESORÍA LEGAL EN  ASUNTO ESPECÍFICO ALGUNO Y SU CONTENIDO TIENE EL FIN DE SERVIR COMO UN AVISO GERENCIAL EN CUANTO A LOS SUCESOS ACTUALES EN  VENEZUELA. CUALQUIER  PREGUNTA LEGAL RELACIONADA CON LA POSIBLE APLICACIÓN DE UNA NUEVA LEGISLACIÓN O  DE UNA LEGISLACIÓN PROPUESTA A UN ASUNTO ESPECÍFICO  DEBE DIRIGIRSE A TRAVIESO EVANS ARRIA RENGEL & PAZ."