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Ley Orgánica de Precios Justos

En la Gaceta Oficial No. 40.340 del 23 de enero de 2014, se publicó el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley Orgánica de Precios Justos (el “Decreto-Ley”) dictado por el Presidente de la República, el cual tiene por objeto asegurar el desarrollo de la economía nacional, a través de la determinación de precios justos de bienes y servicios, mediante el análisis de las estructuras de costos, la fijación del porcentaje máximo de ganancia y la fiscalización efectiva de la actividad económica y comercial, a fin de proteger los ingresos de los ciudadanos; el acceso de las personas a los bienes y servicios para la satisfacción de sus necesidades y establecer los ilícitos administrativos, para la consolidación del orden económico socialista productivo.

 

Las personas naturales y jurídicas de derecho público o privado, nacionales o extranjeras, que desarrollen actividades económicas en el territorio nacional, incluidas las que se realizan a través de medios electrónicos, serán sujetos del Decreto-Ley. Los sujetos de aplicación del Decreto-Ley deberán inscribirse y mantener sus datos actualizados en el Registro Único de Personas que Desarrollan Actividades Económicas (“RUPDAE”).  La inscripción es requisito indispensable, a los fines de poder realizar actividades económicas y comerciales en el país.  Una vez haya entrado en funcionamiento el RUPDAE, las personas naturales y jurídicas sujetos de aplicación del Decreto-Ley, tendrán un lapso de 180 días para inscribirse.  Durante ese lapso continuarán ejerciendo su actividad económica.

 

Las divisas que sean asignadas por parte de la autoridad competente en el marco del régimen de administración de divisas, serán estrictamente supervisadas y controladas a fin de garantizar que se cumpla el objeto y uso para el cual fueron solicitadas y otorgadas.  A quien se le otorgue divisas para cualquiera de las actividades económicas señaladas en el Decreto-Ley, deberá suscribir un contrato de fiel cumplimiento que contendrá la obligación de cumplir estrictamente con el objeto y uso para el cual fueron solicitadas y las consecuencias en caso de incumplimiento.  Los bienes adquiridos o producidos con divisas otorgadas por la República, deberán ser identificados mediante etiqueta.

 

La determinación, modificación y control de precios es competencia de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio Económicos (“SUNDDE”).  En este sentido, la SUNDDE establecerá la categorización de bienes y servicios, o de sujetos, atendiendo a los criterios técnicos que estime convenientes, pudiendo establecer distintos regímenes para bienes y servicios regulados, controlados o no, en función del carácter estratégico de los mismos, y en beneficio y protección de las personas que acceden a éstos.  La SUNDDE podrá, sobre la base de la información aportada por los sujetos del Decreto-Ley, proceder a determinar el precio justo del bien o servicio, o efectuar su modificación.  Los costos y gastos informados a la SUNDDE no podrán exceder de los costos razonables registrados contablemente.

 

El margen máximo de ganancia será establecido anualmente, atendiendo criterios científicos, por la SUNDDE, tomando en consideración las recomendaciones emanadas de los Ministerios con competencia en las materias de Comercio, Industrias y Finanzas.  En ningún caso, el margen de ganancia de cada actor de la cadena de comercialización excederá de 30 puntos porcentuales de la estructura de costos del bien o servicio.  La SUNDDE podrá determinar márgenes máximos de ganancia por sector, rubro, espacio geográfico, canal de comercialización, actividad económica o cualquier otro concepto que considere, sin que éstos superen el máximo establecido.

 

El Decreto-Ley suprime la Superintendencia de Costos y Precios Justos (“SUNDECOP”) y el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (“INDEPABIS”).  Las actuaciones procedimentales iniciadas durante el funcionamiento de la SUNDECOP y del INDEPABIS conservan plena validez, debiendo aplicarse de manera inmediata para lo que reste del procedimiento en curso lo establecido en el Decreto-Ley.

 

Los precios justos implementados por el Presidente de la República, mantendrán su vigencia hasta que la SUNDDE determine el precio conforme a la normativa vigente.  Los cánones de arrendamiento de los locales comerciales serán establecidos mediante Decreto por el Presidente de la República, atendiendo las recomendaciones de la SUNDDE, hasta que ésta establezca los criterios para su fijación.

 

El Ejecutivo Nacional podrá iniciar procedimientos expropiatorios cuando se hayan cometido ilícitos económicos y administrativos previstos en la Constitución Nacional y en el Decreto-Ley.  El Estado podrá adoptar medidas de ocupación temporal e incautación de bienes mientras dure el procedimiento expropiatorio.  Asimismo, La SUNDDE podrá imponer multas desde 200 Unidades Tributarias hasta 50.000 Unidades Tributarias; suspender temporalmente el RUPDAE de 3 meses a 10 años; dictar medidas de ocupación temporal con intervención de almacenes, depósitos, industrias, comercios, transporte de bienes hasta por 180 días; cerrar temporalmente almacenes, depósitos o establecimientos dedicados al comercio, conservación, almacenamiento, producción o procesamiento de bienes hasta por 180 días, o clausurarlos; confiscar bienes; revocar licencias, permisos o autorizaciones, y de manera especial, los relacionados con el acceso a las divisas.  El Decreto-Ley establece penas de prisión, entre 1 y 14 años, en caso de cometer los ilícitos comerciales que allí se indican.

 

El Decreto-Ley deroga la Ley de Costos y Precios Justos, publicada en la Gaceta Oficial No. 39.715 de fecha 18 de julio de 2011 y la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, publicada en la Gaceta Oficial No. 39.358 de fecha 1 de febrero de 2010.  El Decreto-Ley entró en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. El Ejecutivo Nacional reglamentará el Decreto-Ley, dentro de los 180 días, contados a partir de su entrada en vigencia.

 

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"NOTA: ESTA INFORMACIÓN NO DEBE INTERPRETARSE COMO UNA ASESORÍA LEGAL EN  ASUNTO ESPECÍFICO ALGUNO Y SU CONTENIDO TIENE EL FIN DE SERVIR COMO UN AVISO GERENCIAL EN CUANTO A LOS SUCESOS ACTUALES EN  VENEZUELA. CUALQUIER  PREGUNTA LEGAL RELACIONADA CON LA POSIBLE APLICACIÓN DE UNA NUEVA LEGISLACIÓN O  DE UNA LEGISLACIÓN PROPUESTA A UN ASUNTO ESPECÍFICO  DEBE DIRIGIRSE A TRAVIESO EVANS ARRIA RENGEL & PAZ.”