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Ley Orgánica de Precios Justos

En la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 6.156 del 19 de noviembre de 2014, quedó publicado el Decreto No. 1.467 de fecha 18 de noviembre de 2014, mediante el cual el Presidente de la República dictó el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Precios Justos (el “Decreto-Ley”).  A continuación encontrarán los cambios más relevantes:

 

  1. El Decreto-Ley reconoce una serie de derechos individuales en relación a los bienes y servicios declarados o no de primera necesidad.  En este sentido, las personas tienen derecho a (i) que los proveedores públicos y privados oferten bienes y servicios competitivos de óptima calidad y a elegirlos con libertad; (ii) recibir servicios básicos de óptima calidad; (iii) la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa sobre bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así como los precios, características, calidad, condiciones de contratación y demás aspectos relevantes de los mismos, incluyendo los riesgos que pudieran derivarse de su uso o consumo; (iv) la protección contra la publicidad falsa, engañosa o abusiva y a los métodos comerciales coercitivos o desleales; (v) la reparación e indemnización por daños y perjuicios, por deficiencia y mala calidad de bienes y servicios; (vi) la protección en los contratos de adhesión que sean desventajosos o lesiones sus derechos o intereses, (vii) la protección en las operaciones a créditos; (viii) la disposición y disfrute de los bienes y servicios de forma continua, regular, eficaz, eficiente e ininterrumpida; entre otros. 

  2. La persona que adquiera bienes o servicios por teléfono, catálogo, televisión, por medios electrónicos o a domicilio, gozarán del derecho de devolución del producto y reintegro inmediato del precio.  El derecho de devolución y reintegro deberá ser ejercido dentro de los 15 días posteriores a la recepción del bien o servicio, siempre y cuando lo permita su naturaleza y se encuentre en el mismo estado en el que lo recibió. En el caso de servicios, el derecho de devolución se ejercerá mediante la cesación inmediata del contrato de provisión del servicio. 

  3. El Decreto-Ley establece el régimen de garantía, señalando que los vehículos, maquinarias, equipos o artefactos y demás bienes de naturaleza durable que posean sistemas mecánicos, eléctricos o electrónicos, susceptibles de presentar fallas o desperfectos, deberán ser obligatoriamente garantizados por el proveedor para cubrir deficiencias de la fabricación y de funcionamiento.  Las leyendas “garantizado”, “garantía” o cualquier otra equivalente, sólo podrán emplearse cuando indiquen claramente en qué consiste tal garantía; así como las condiciones, forma, plazo y lugar en que el sujeto de protección pueda hacerla efectiva. Toda garantía deberá individualizar a la persona natural o jurídica que la otorga, así como los establecimientos y condiciones en que operará la garantía. 

  4. Dentro de la estructura de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (“SUNDDE”), el Decreto-Ley creó la Intendencia Nacional para la Protección del Salario del Obrero y la Obrera (la “Intendencia”). La Intendencia se encargará de: (i) recibir y tramitar las denuncias y peticiones de los obreros, sindicados o no, sobre prácticas industriales o comerciales que afecten el abastecimiento o accesibilidad a bienes o servicios desarrollados por los sujetos de aplicación; (ii) coordinar las acciones tempranas de la SUNDDE, con los sectores obreros y sindicales dentro del proceso productivo, para prevenir las distorsiones en el sistema económico; (iii) acompañar a la SUNDDE a las fiscalizaciones solicitadas por los obreros, entre otras funciones. 

  5. Los precios de todos los bienes producidos, importados o comercializados por los sujetos de aplicación, serán calculados de acuerdo al Sistema de Adecuación Continua de Precios Justos (el “Sistema”), el cual contará con los elementos técnicos, científicos, y humanos que se requieran. 

  6. El Sistema comprenderá la fijación de precios justos en la totalidad de la cadena de producción, distribución, importación, transporte y comercialización de bienes y servicios por parte de todos los sujetos de aplicación. 

  7. La SUNDDE solicitará al órgano competente la suspensión temporal o definitiva de los sujetos de aplicación a cualquier sistema de asignación de divisas extranjeras por parte del Estado, cuando se compruebe que los mismos han incurrido en cualquiera de los ilícitos contemplados en el Decreto-Ley. 

  8. En caso que la SUNDDE dicté medidas preventivas de comiso preventivo de mercancía, la SUNDDE dispondrá su enajenación inmediata con fines sociales. El producto de la enajenación de las mercancías se mantendrá en garantía en una cuenta bancaria abierta a tal efecto. La providencia que ponga fin al procedimiento indicará el destino que deberá dársele al producto de la enajenación de las mercancías. 

  9. Entre las sanciones administrativas que puede aplicar la SUNDDE, el Decreto-Ley mantiene las indicadas en la Ley Orgánica de Precios Justos modificada; incorpora la sanción de comiso de los bienes objeto de la infracción o de los medios con los cuales se cometió la misma, y elimina la confiscación de bienes del capítulo relativo a las sanciones administrativas. En cuanto a la sanción de revocatoria de licencia, permisos o autorizaciones, el Decreto-Ley aclaró que se refieren a aquellas emitidas por todos los órganos o entes del Poder Público Nacional. 

  10. En cuanto a la especulación, el Decreto-Ley establece que aquel que enajene bienes o preste servicios a precios o márgenes de ganancias superiores a los fijados o determinados por la autoridad competente, a través de fijación directa o mediante la autorregulación de acuerdo a las normas que a tal efecto dicte la SUNDDE, será sancionado con prisión de 8 a 10 años. Además podrán ser objeto de medidas de ocupación temporal del almacén, depósito, unidad productiva o establecimiento, hasta por 180 días prorrogables, más multa de 1.000 a 50.000 unidades tributarias. La misma pena es aplicable a quienes vendan bienes o presten servicios a precios superiores a los que hubieren informados a la autoridad competente. 

  11. En cuanto al acaparamiento, el Decreto-Ley establece que los sujetos de aplicación que restrinjan la oferta, circulación o distribución de bienes regulados por la autoridad administrativa competente, retengan los mismos, con o sin ocultamiento, serán sancionados por vía judicial con prisión de 8 a 10 años. Además serán sancionados con multa de 1.000 a 50.000 unidades tributarias, y con la ocupación temporal del establecimiento hasta por 180 días prorrogables. 

  12. Tanto en el caso de la especulación como en el acaparamiento, si el delito se cometiere sobre bienes o productos provenientes del sistema de abastecimiento del Estado u obtenidos con divisas asignadas por el Estado, la pena de prisión será aplicada a su límite máximo. De igual forma, las multas serán aplicadas al doble de lo establecido y los bienes del infractor serán objeto de confiscación, de acuerdo a lo establecido en la Constitución. 

  13. En cuanto al boicot, el Decreto-Ley establece que quienes conjunta o separadamente desarrollen o lleven a cabo acciones, o incurran en omisiones que impidan de manera directa o indirecta la producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de bienes, así como la prestación de servicios, serán sancionados por vía judicial con prisión de 10 a 12 años. Cuando dichas acciones u omisiones hubieren sido cometidas en detrimento del patrimonio público, los bienes serán además objeto de confiscación, de acuerdo a lo establecido en la Constitución. Igualmente, serán sancionadas con multa de 1.000 a 50.000 unidades tributarias y ocupación temporal de depósitos, almacenes, comercios o medios de transportes hasta por 180 días prorrogables. 

  14. En cuanto a la reventa de productos de primeras necesidades, el Decreto-Ley establece que quien compre productos declarados de primera necesidad, con fines de lucro para revenderlos por precios superiores a los establecidos por el Estado, por regulación directa o por lineamientos para establecimiento de precios justos, será sancionado con prisión de 1 a 3 años, multa de 200 a 10.000 unidades tributarias y comiso de la mercancía. 

  15. En cuanto al contrabando de extracción, el Decreto-Ley establece que será castigado con pena de prisión de 14 a 18 años, quienes mediante actos u omisiones, desvíen los bienes, productos o mercancías de cualquier tipo del destino original autorizado por el órgano o ente competente, así como quien extraiga o intente extraer del territorio nacional bienes destinados al abastecimiento nacional de cualquier tipo, sin cumplir con la normativa en materia de exportación. De igual forma, será sancionado con multa equivalente al doble del valor de los bienes o mercancía objetos del delito, no siendo en ningún caso menor a 500 unidades tributarias. El contrabando será sancionado en su límite máximo y la multa llevada al doble, cuando los bienes extraídos sean mercancías priorizadas para el consumo de la población, provengan del sistema de abastecimiento del Estado o sean para distribución exclusiva en el territorio nacional. 

  16. Los delitos de especulación, acaparamiento, boicot y contrabando no serán objeto de beneficios ni en los procesos judiciales, ni en el cumplimiento de la pena.

 

El Decreto-Ley entró en vigencia y debe aplicarse a partir del 19 de noviembre de 2014.

 

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"NOTA: ESTA INFORMACIÓN NO DEBE INTERPRETARSE COMO UNA ASESORÍA LEGAL EN  ASUNTO ESPECÍFICO ALGUNO Y SU CONTENIDO TIENE EL FIN DE SERVIR COMO UN AVISO GERENCIAL EN CUANTO A LOS SUCESOS ACTUALES EN  VENEZUELA. CUALQUIER  PREGUNTA LEGAL RELACIONADA CON LA POSIBLE APLICACIÓN DE UNA NUEVA LEGISLACIÓN O  DE UNA LEGISLACIÓN PROPUESTA A UN ASUNTO ESPECÍFICO  DEBE DIRIGIRSE A TRAVIESO EVANS ARRIA RENGEL & PAZ."