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Ley Contra la Corrupción

En la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 6.155 del 19 de noviembre de 2014, quedó publicado el Decreto No. 1.410 de fecha 13 de noviembre de 2014, mediante el cual el Presidente de la República dictó el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma de la Ley Contra la Corrupción (el “Decreto-Ley”).  Entre los cambios más relevantes, el Decreto-Ley establece las siguientes modificaciones:

 

  1. Están sujetos al Decreto-Ley las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, los funcionarios públicos, las comunas, los consejos comunales, las asociaciones socio-productivas y las organizaciones de base del poder popular, así como cualquier forma de organización popular, cuando manejen fondos públicos.

  2. Los ciudadanos y las organizaciones de base del poder popular cuando tengan conocimiento de la comisión de hechos sancionados por el Decreto-Ley, en donde se encuentren involucrados recursos públicos, deberán acudir a las autoridades competentes a los fines de denunciarlos.

  3. El Decreto-Ley estipula el delito de corrupción entre particulares consagrado en la Ley Orgánica de Precios Justos, cuando señala que quien por sí o por persona interpuesta prometa, ofrezca o conceda a directivos, administradores, empleados o colaboradores de empresas, sociedades, asociaciones, fundaciones u organizaciones un beneficio o ventaja de cualquier naturaleza, para que le favorezca a él o a un tercero frente a otros, incumpliendo sus obligaciones en la adquisición o venta de mercancías o en la prestación de servicios, será sancionado con pena de prisión de 2 a 6 años. Con la misma pena será castigado el directivo, administrador, empleado o colaborador, que por sí o por persona interpuesta, reciba, solicite o acepte dicho beneficio o ventaja. Adicionalmente, el órgano con competencia para la defensa de los derechos socioeconómicos, podrá imponer la sanción de suspensión del Registro Único, en los términos previstos en la ley que regula la materia de precios justo de bienes y servicios.

  4. El Decreto-Ley estipula el delito de soborno transnacional, cuando señala que quien por sí o por persona interpuesta prometa, ofrezca u otorgue a un funcionario público de otro Estado, directa o indirectamente, por parte de sus nacionales, personas que tengan residencia habitual en su territorio y empresas domiciliadas en él, cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficios, como dádivas, favores, promesas, ventajas a cambio de que dicho funcionario realice u omita cualquier acto, en el ejercicio de sus funciones públicas, relacionado con una transacción de naturaleza económica, comercial o de cualquier otra índole, será penado con prisión de 6 a 12 años.

  5. Las acciones judiciales no prescribirán, cuando estén dirigidas a sancionar delitos contra el patrimonio público.

  6. El Estado creará un cuerpo nacional de prevención, análisis, inteligencia e investigación contra la corrupción, dependiente jerárquicamente del Presidente de la República, para prevenir, precisar, combatir y neutralizar los delitos derivados y conexos asociados al fenómeno de la corrupción y otros en detrimento del tesoro nacional, vinculados a la delincuencia organizada, en todas las instancias del poder Público, el poder popular y el sector privado.

 

El Decreto-Ley entró en vigencia y debe aplicarse a partir del 19 de noviembre de 2014.

 

Para tener acceso al Decreto-Ley, haga clic aquí.

 

"NOTA: ESTA INFORMACIÓN NO DEBE INTERPRETARSE COMO UNA ASESORÍA LEGAL EN  ASUNTO ESPECÍFICO ALGUNO Y SU CONTENIDO TIENE EL FIN DE SERVIR COMO UN AVISO GERENCIAL EN CUANTO A LOS SUCESOS ACTUALES EN  VENEZUELA. CUALQUIER  PREGUNTA LEGAL RELACIONADA CON LA POSIBLE APLICACIÓN DE UNA NUEVA LEGISLACIÓN O  DE UNA LEGISLACIÓN PROPUESTA A UN ASUNTO ESPECÍFICO  DEBE DIRIGIRSE A TRAVIESO EVANS ARRIA RENGEL & PAZ."