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Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Antimonopolio

En la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 6.151 de fecha 18 de noviembre de 2014, quedó publicado el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Antimonopolio dictado por la Presidencia de la República (el “Decreto-Ley”), cuyo objeto es promover, proteger y regular el ejercicio de la competencia económica justa, con el fin de prohibir y sancionar las prácticas monopólicas y oligopólicas, el abuso de posición de dominio, las demandas concertadas, las concentraciones económicas y cualquier práctica económica anticompetitiva o fraudulenta. Sucesivamente, en la Gaceta Oficial No. 40.549 de fecha 26 de noviembre de 2014, el Decreto-Ley fue reimpreso por fallas en los originales.

 

Los sujetos de aplicación del Decreto-Ley son las personas naturales o jurídicas de carácter público o privado, nacionales o extranjeras, con o sin fines de lucro, que realicen actividades económicas en el territorio nacional o agrupen a quienes realicen dichas actividades, excluyendo de la aplicación del Decreto-Ley a las organizaciones de base del poder popular regidas por la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal, las empresas públicas o mixtas de carácter estratégico y las empresas Estatales de prestación de servicios públicos.

 

El Decreto-Ley establece prohibiciones generales a las conductas, prácticas, acuerdos, convenios, contratos o decisiones que impidan, restrinjan, falseen o limiten la competencia económica. Además, específicamente el Decreto-Ley prohíbe (i) las actuaciones o conductas que pretendan impedir u obstaculizar la entrada o permanencia de empresas, productos o servicios; (ii) el ejercicio de acciones que restrinjan la competencia económica e inciten a no aceptar la entrega de bienes o la prestación de servicios, impedir su adquisición o prestación; (iii) las conductas manipuladoras de los factores de producción, distribución, comercialización, desarrollo tecnológico o inversiones; (iv) los acuerdos que restrinjan o impidan la competencia económica entre sus miembros; así como los acuerdos colectivos y prácticas concertadas para fijar directa o indirectamente los precios y condiciones de comercialización o de servicio; limitar la producción, distribución, comercialización y desarrollo tecnológico; restringir inversiones para innovación, investigación y desarrollo; repartir los mercados entre competidores; aplicar en las relaciones comerciales condiciones desiguales para prestaciones equivalentes y subordinar o condicionar la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones suplementarias no relacionadas con el objeto del contrato; (v) las concentraciones económicas; (vi) contratos en los que se establezcan precios y condiciones de contratación que puedan producir el efecto de impedir, restringir, falsear o limitar la competencia económica; (vii) el abuso de posición de dominio, y (viii) la competencia desleal y prácticas desleales.

 

Adicionalmente, el Decreto-Ley crea la Superintendencia Antimonopolio con las mismas atribuciones dadas al Superintendente para la Promoción y Protección de la Libre Competencia a través de la Ley para la Promoción y Protección de la Libre Competencia, publicada en Gaceta Oficial No. 34.880 de fecha 13 de enero de 1992.

 

El Decreto-Ley establece una prescripción de 3 años para las infracciones aplicables a los actos de competencia desleal, y una prescripción de 5 años para las demás infracciones establecidas en el Decreto-Ley.

 

El Decreto-Ley señala que quienes incurran en las prácticas o conductas prohibidas podrán ser sancionados con multa hasta por el 10% del valor de los ingresos brutos anuales del infractor. La multa podrá ser incrementada hasta el 20% en el caso que concurran circunstancias agravantes. En caso de reincidencia, la multa se aumentará en un 44%.  El cálculo de los ingresos brutos anuales será el correspondiente al ejercicio económico anterior a la resolución de la multa.

 

Igualmente, el Decreto-Ley establece que los actos administrativos emanados de la Superintendencia Antimonopolio son de obligatorio cumplimiento por los administrados, y contra ellos no se podrán solicitar o aprobar medidas cautelares o suspensivas en sede administrativa. Además, el Decreto-Ley señala que la Superintendencia Antimonopolio podrá imponer multas adicionales entre el 1% y el 20% del valor del patrimonio del infractor, a aquellas personas que no cumplan con las órdenes contenidas en las resoluciones dictadas por la Superintendencia Antimonopolio.  Estas multas podrán ser aumentadas sucesivamente en un 50% del monto original, si en el lapso previsto no hubieren sido canceladas por el infractor.

 

El Decreto-Ley deroga la Ley para la Promoción y Protección de la Libre Competencia, publicada en la Gaceta Oficial No. 34.880 de fecha 13 de enero de 1992.

 

El Decreto-Ley entró en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial.

 

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"NOTA: ESTA INFORMACIÓN NO DEBE INTERPRETARSE COMO UNA ASESORÍA LEGAL EN  ASUNTO ESPECÍFICO ALGUNO Y SU CONTENIDO TIENE EL FIN DE SERVIR COMO UN AVISO GERENCIAL EN CUANTO A LOS SUCESOS ACTUALES EN  VENEZUELA. CUALQUIER  PREGUNTA LEGAL RELACIONADA CON LA POSIBLE APLICACIÓN DE UNA NUEVA LEGISLACIÓN O  DE UNA LEGISLACIÓN PROPUESTA A UN ASUNTO ESPECÍFICO  DEBE DIRIGIRSE A TRAVIESO EVANS ARRIA RENGEL & PAZ."