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Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica

En la Gaceta Oficial No. 6.256 Extraordinario de fecha 13 de septiembre de 2016, se publicó el Decreto No. 2.452 (“el Decreto”), mediante el cual el Presidente de la República declaró el Estado de Excepción y Emergencia Económica en todo el territorio nacional.

 

A continuación indicamos los puntos más relevantes del Decreto:

 

1. El Presidente de la República dictó el Decreto en ejercicio de su atribución constitucional de declarar los estados de excepción y decretar la restricción de garantías constitucionales.

2. El fin del Decreto es que el Ejecutivo Nacional adopte las medidas urgentes, contundentes, excepcionales y necesarias para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes, servicios, alimentos, medicinas y otros productos esenciales para la vida.

3. Como consecuencia de la declaratoria de estado de excepción podrán ser restringidas las garantías para el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, salvo las indicadas en el artículo 337 constitucional y las señaladas en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Estados de Excepción, cuando se trate de la aplicación de las medidas excepcionales que a continuación se indican:

(i) Establecer las regulaciones excepcionales y transitorias necesarias para garantizar el impulso de los motores Agroalimentario, de Producción y Distribución definidos en la política pública del Ejecutivo Nacional respecto de los rubros considerados como estratégicos para la satisfacción de necesidades de los habitantes de la República.

(ii) Diseñar y ejecutar mecanismos excepcionales para garantizar la aplicación eficaz de las políticas públicas nacionales orientadas al desarrollo de la producción, abastecimiento estable y justa distribución de alimentos, materias primas, productos e insumos del sector agroproductivo e industrial nacional agroalimentario, de producción y distribución de fármacos y de la industria de productos para la higiene personal y aseo del hogar.

(iii) Establecer mecanismos excepcionales de supervisión, control y seguimiento, de procura nacional e internacional, obtención y suministro de la materia prima, producción de los rubros esenciales, fijación de precios, comercialización y distribución de los productos estratégicos necesarios para la agroproducción, alimentación, salud, aseo e higiene personal. 

(iv) Decretar normativa excepcional para la asignación de recursos presupuestarios, los límites máximos de autorizaciones para gastar, la distribución de los egresos y las operaciones de financiamiento, sin compensaciones entre sí, que regirán para el ejercicio 2017, si resultare imposible tramitar el Presupuesto 2017 oportunamente.   

(v) Dictar normas especiales para la obtención de información de las personas naturales y jurídicas, venezolanas o extranjeras, que desarrollan actividades económicas en el país, a los fines de diseñar, implementar, cargar y administrar un sistema que permita la determinación de costos, rendimiento y precios, así como un sistema de precios internacionales referenciales, que permitan combatir el sobreprecio, la especulación, el acaparamiento y la usura.

(vi) Ordenar la ejecución de programas de inspección, fiscalización y control  que permitan atacar, erradicar y sancionar el acaparamiento, la especulación y el contrabando.  

(vii) Implementar políticas integrales que garanticen la evaluación, seguimiento, control, protección y resguardo de los productos, bienes y servicios del sistema agroindustrial nacional, así como el de producción, almacenamiento, distribución y comercialización de alimentos, fármacos, productos de higiene personal y aseo del hogar.     

(viii) Dictar normas regulatorias que permitan la implementación inmediata de medidas productivas de agricultura urbana en los espacios públicos o privados ubicados en los centros urbanos que se encuentren libres, ociosos, subutilizados o abandonados, para que sean aprovechados para el cultivo y producción de alimentos.

(ix) Aprobar y suscribir contratos de interés público para la obtención de recursos financieros, asesorías técnicas o aprovechamiento de recursos estratégicos para el desarrollo económico del país, sin sometimiento a autorizaciones o aprobaciones de otros Poderes Públicos.

(x) Establecer rubros prioritarios para las compras del Estado o categorías de éstos, y la asignación directa de divisas para su adquisición, en aras de satisfacer las necesidades más urgentes de la población y la reactivación del aparato productivo nacional.

(xi) Decidir la suspensión temporal y excepcional de la ejecución de sanciones de carácter político contra las máximas autoridades del Poder Público y otros altos funcionarios, cuando dichas sanciones puedan obstaculizar la continuidad de la implementación de medidas económicas para la urgente reactivación de la economía nacional, el abastecimiento de bienes y servicios esenciales para el pueblo venezolano, o vulnerar la seguridad de la nación.

(xii) Dictar medidas y ejecutar planes especiales de seguridad pública que garanticen el sostenimiento del orden público ante acciones de desestabilización del orden económico y la normal satisfacción de las necesidades básicas del pueblo venezolano, que pretendan irrumpir en la vida interna del país o en las relaciones internaciones de éste.

4. El Decreto dispone que el Presidente de la República podrá dictar otras medidas de orden social, económico, político y jurídico que estime convenientes a las circunstancias, con la finalidad de resolver la situación extraordinaria y excepcional que constituye el objeto del Decreto.

5. El Ministerio con competencia en materia de banca y finanzas podrá efectuar las coordinaciones con el Banco Central de Venezuela a los fines de establecer límites máximos de ingreso o egreso de moneda venezolana de curso legal en efectivo, así como restricciones a determinadas operaciones y transacciones comerciales o financieras, restringir dichas operaciones al uso de medios electrónicos debidamente autorizados en el país.

6. Corresponde al Poder Judicial y al Ministerio Público realizar las actividades propias de su competencia, a fin de garantizar la aplicación estricta de la Constitución y la Ley para reforzar la lucha contra el delito e incrementar la celeridad procesal, así como las atribuciones que le correspondan en la ejecución del Decreto.

7. El Decreto será remitido a la Asamblea Nacional de conformidad con lo establecido en la Constitución.

8. El Decreto será remitido a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, dentro de los ocho (8) días siguientes a su publicación en la Gaceta Oficial, con el fin que se pronuncie sobre su constitucionalidad.

9. El Decreto tendrá una duración de sesenta (60) días a partir de su publicación en Gaceta Oficial, prorrogables por sesenta (60) días más.

10. El Decreto entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en Gaceta Oficial.

 

Para tener acceso al Decreto, haga clic aquí.

 

"NOTA: ESTA INFORMACIÓN NO DEBE INTERPRETARSE COMO UNA ASESORÍA LEGAL EN  ASUNTO ESPECÍFICO ALGUNO Y SU CONTENIDO TIENE EL FIN DE SERVIR COMO UN AVISO GERENCIAL EN CUANTO A LOS SUCESOS ACTUALES EN  VENEZUELA. CUALQUIER  PREGUNTA LEGAL RELACIONADA CON LA POSIBLE APLICACIÓN DE UNA NUEVA LEGISLACIÓN O  DE UNA LEGISLACIÓN PROPUESTA A UN ASUNTO ESPECÍFICO  DEBE DIRIGIRSE A TRAVIESO EVANS ARRIA RENGEL & PAZ."