Travieso Evans Arria Rengel & Paz

Noticias

Código Orgánico Tributario

En la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 6.152 del 18 de noviembre de 2014, quedó publicado el Decreto No. 1.434 de fecha 17 de noviembre de 2014, mediante el cual el Presidente de la República dictó el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Tributario (el “Decreto-Ley”), mediante el cual se derogó el Código Orgánico Tributario, publicado en la Gaceta Oficial No. 37.305 del 17 de octubre de 2001.

 

Entre los cambios más relevantes, el Decreto-Ley establece las siguientes modificaciones:

 

  1. En materia de reserva legal, se estableció que la Ley que cree algún tributo podrá autorizar al Ejecutivo Nacional la facultad de modificar la alícuota del impuesto dentro de los límites que ella establezca.

  2. En materia de domicilio electrónico, se estableció que la Administración Tributaria podrá establecer un domicilio fiscal electrónico obligatorio para la notificación a los sujetos pasivos de los actos administrativos o comunicaciones que requiera, y el cual será de aplicación preferente respecto al domicilio de las personas naturales, de las personas jurídicas y de las personas domiciliadas en el extranjero.

  3. En materia de prescripción, se aumentó el término de 4 a 6 años para que la Administración Tributaria ejerza sus derechos y acciones, incluyéndose la acción para exigir el pago de las deudas tributarias y de las sanciones pecuniarias firmes. Asimismo, se aumentó de 6 a 10 años la prescripción en los casos de circunstancias agravantes y en las acciones para imponer penas restrictivas de libertad.

  4. En materia de sanciones por comisión de ilícitos tributarios formales, se imponen en general la clausura del establecimiento entre 5 y 10 días continuos y multa que oscila entre 5 y 1.000 Unidades Tributarias. Asimismo, en los casos de no presentar la declaración informativa de las inversiones en jurisdicciones de baja imposición fiscal la multa será de 2.000 y de 1.000 Unidades Tributarias en caso de presentarla con retardo. Por último, cuando los ilícitos sean cometidos por sujetos calificados como especiales, la sanción pecuniaria aplicable será aumentada en un 200%.

  5. En materia de sanciones por comisión de ilícitos tributarios materiales, se imponen en general multa que oscila entre 0,05% del monto adeudado o tributo omitido hasta un máximo de 500%. En el caso de obtención de reintegros o devoluciones indebidas, la sanción de multa será del 100% al 500% de las cantidades indebidamente obtenidas.

  6. En materia de sanciones por comisión de ilícitos tributarios penales, el no enteramiento de los tributos retenidos o percibidos dentro de los plazo establecidos, los actos tendentes a provocar o agravar la insolvencia propia o ajena para frustrar en todo o en parte la satisfacción de tales prestaciones, así como quien efectúe maniobras concertadas o incite públicamente a organizar la negativa colectiva al cumplimiento de las obligaciones tributarias, será sancionado con prisión que oscila entre 1 y 6 años.

  7. En el procedimiento de intimación, se estableció que al día siguiente del vencimiento del plazo legal o judicial para el cumplimiento voluntario, se intimará al deudor a pagar las cantidades debidas y el recargo del 10%, dentro de los 5 días continuos siguientes contados a partir de su notificación.

  8. Se estableció que la interposición del Recurso Jerárquico no suspende los efectos del acto recurrido. No obstante lo anterior, se podrá solicitar la suspensión de los efectos del acto a la Administración Tributaria cuando se fundamente la apariencia del buen derecho y el perjuicio grave derivado de la ejecución del acto correspondiente. Por otra parte, se estableció que no se acordará la suspensión respecto de las sanciones relativas a la clausura del establecimiento, comiso o retención de mercancías, vehículos, aparatos, recipientes, útiles, instrumentos de producción o materias primas, así como la suspensión de actividades sujetas a la autorización de la Administración Tributaria. Por último, se dispuso que la suspensión parcial de los efectos del acto administrativo no impide exigir el pago de la porción no suspendida por parte de la Administración Tributaria.

  9. En materia de ejecución de sentencias, se estableció que el lapso para el cumplimiento voluntario de la sentencia por parte de la parte vencida en juicio será de 5 días continuos.

  10. Se eliminó el capítulo referente al Juicio Ejecutivo y se incorporó un nuevo capítulo denominado Del Cobro Ejecutivo, donde se faculta a la Administración Tributaria a ejecutar los actos administrativos sin que medie la intervención de los órganos jurisdiccionales.

  11. En materia de Medidas Cautelares, se estableció que la Administración Tributaria podrá adoptar medidas cautelares sin que medie también la intervención de un Tribunal, en los casos en que exista riesgo para la percepción de los créditos por tributos, accesorios y multas, aun cuando se encuentren en proceso de determinación, o no sean exigibles por causa de plazo pendiente. Dichas medidas cautelares, podrán consistir en la suspensión del disfrute de incentivos fiscales otorgados y de las devoluciones tributarias o de pagos de otra naturaleza que deban realizar entes u órganos públicos a favor de los obligados tributarios, entre otras. Por último, las medidas adoptadas podrán ser sustituidas a solicitud del interesado, por garantías que a juicio de la Administración Tributaria sean suficientes.

  12. En materia de Arbitraje Tributario, se estableció que la ejecución del laudo arbitral corresponderá a la Administración Tributaria de conformidad con lo establecido en el Decreto-Ley sobre las normas de ejecución de sentencia.

  13. Se estableció que los juicios ejecutivos que estuvieren pendientes en los Tribunales Superiores de lo Contencioso Tributario para la entrada en vigencia del Decreto-Ley, serán remitidos a la Administración Tributaria para su conclusión definitiva.

 

El Decreto-Ley entrará en vigencia a los 90 días continuos siguientes de su publicación en la Gaceta Oficial.

 

Para tener acceso al Decreto-Ley, haga clic aquí.

 

 

"NOTA: ESTA INFORMACIÓN NO DEBE INTERPRETARSE COMO UNA ASESORÍA LEGAL EN  ASUNTO ESPECÍFICO ALGUNO Y SU CONTENIDO TIENE EL FIN DE SERVIR COMO UN AVISO GERENCIAL EN CUANTO A LOS SUCESOS ACTUALES EN  VENEZUELA. CUALQUIER  PREGUNTA LEGAL RELACIONADA CON LA POSIBLE APLICACIÓN DE UNA NUEVA LEGISLACIÓN O  DE UNA LEGISLACIÓN PROPUESTA A UN ASUNTO ESPECÍFICO  DEBE DIRIGIRSE A TRAVIESO EVANS ARRIA RENGEL & PAZ."